RETRODEZCAN

Este imperativo es del todo incorrecto pero me resulta más contundente que el original RETROCEDAN. Por lo tanto, si la Real Academia de la Lengua Española me lo permite, desde hoy en adelante haré uso exclusivo de él.
Con RETRODEZCAN pretendo dar a conocer parte de mi obra pictórica, escultórica, fotográfica y, en menor proporción, literaria y, a la vez, mantener una corriente de opinión sobre los acontecimientos de naturaleza artística de hoy día.
Espero que tomeis la sabia decisión de manteneros a una distancia prudencial de mis opiniones aquí vertidas que no siempre tienen por que ser del agrado de la mayoría; ¿o, sí?

viernes, 19 de septiembre de 2008

IN MEMORIAM. Javier Fernández Quesada

El próximo 12 de Diciembre se cumplirá, si mal no recuerdo, el 31 aniversario de la muerte del que fuera estudiante de biología en la Universidad de La Laguna, JAVIER FERNÁNDEZ QUESADA. Corría el año 1977 cuando fue abatido de un certero disparo ejecutado por un miembro de la guardia civil en el momento en que el jóven se encontraba en el seno de una manifestación de estudiantes que, a toda prisa, corría a refugiarse en el edificio central de la universidad.
Tenía 23 años.

No le conocí personalmente pero sí a través de testimonios directos de alguien muy próxima a su entorno. De igual manera que su amiga LOLINA, el resto de amigos de esta estudiante del Puerto de la Cruz sufrimos la muerte de Javier con gran consternación. Su súbito asesinato nos sorprendió a todos por su extrema e innecesaria crueldad.

DESCANSE EN PAZ.

A falta de una foto suya, la de LOLINA, gran amiga de Javier, puede valer para ilustrar este trágico recordatorio.

9 comentarios:

  1. Mi nombre y yo salimos en el libro sobre su vida. La policía de aquél momento casi me mata en los incidentes que por cierto cubrió Juan Cruz como enviado especial del diario El País.

    ResponderEliminar
  2. Javier Fernández Quesada y la huelga general

    12 de diciembre de 1977


    "Los antidisturbios nos disparaban con balas de goma y botes de humo, nosotros respondíamos tirando piedras. En un momento determinado un grupo atravesó un camión cisterna fuera del campus. La Policía Armada lo quitó y, a partir de aquel momento, remitieron los incidentes. La mayor parte de los estudiantes se marcharon. En ese momento, se produce la retirada de las fuerzas de la Policía Armada e hicieron su aparición un grupo de Guardias Civiles, quienes desde las calles próximas al Campus comenzaron a disparar. Cuatro o cinco de ellos entraron en el Campus, mientras seguían disparando. Se desplegaron frente al edificio principal y, sin que fueran hostigados por nadie, disparaban hacia la fachada principal y hacia uno de los laterales. No dieron aviso alguno, ni disparaban al aire, a veces apuntaban con el arma al hombro. Al principio no pensábamos que fuesen balas de verdad, pero los impactos nos convencieron de la gravedad de la situación".

    "Vi como Javier caía tocado de muerte. Yo mismo acudía a recogerle, le introdujimos en la Universidad y le dejamos casi en la misma puerta. Un estudiante de Medicina le examinó y en aquel momento justo expiraba. Los estudiantes gritaron para que la Guardia Civil cesara de disparar y uno de ellos salió con una bandera blanca, pero los disparos continuaban y tuvo que refugiarse en una columna. Siguió agitando el pañuelo y gritando. Cesaron los disparos contra la puerta y apareció otra persona con las manos en alto, que descendió la escalinata como para parlamentar con la Guardia Civil. Varios guardias le golpearon y le pusieron contra la pared, donde ya había otro detenido con las manos en alto. Entretanto continuaban disparando contra la fachada, cuatro estudiantes sacaban a Javier. Mientras los Guardias Civiles se llevaban, otro Guardia seguía disparando en dirección a la calle de la trasera de la Normal. Por fin también se retiró este Guardia sin ser hostigado por nadie".

    La vida de Javier Fdez. Quesada, de 22 años de edad, nacido en Gran Canaria, estudiante de 2° curso de Biológicas, era fulminada de esta manera. Era el lunes 12 de diciembre de 1977 y así, varios testigos presenciales narraban la brutal y asesina respuesta que los cuerpos represivos y militares del Estado capitalista español en fase de "reforma política" y de "transición" de la dictadura franquista a la actual democracia burguesa, daba a las justas reivindicaciones de los sectores obreros, apoyados por la juventud y los estudiantes, en el marco de la Huelga General convocada para ese día por la Coordinadora de los Sectores en Lucha, organizados en los sindicatos de clase canarios -CCT, SOC, ATTyD y FASOU-, organizaciones sindicales que, tras distintos procesos, hoy forman parte de la Confederación Inlersindical Canaria. Transportes de Tenerife, S.L, Tabacos y el Frío, eran estos sectores.

    Transportes de Tenerife, S.L, propiedad del cacique y hombre fuerte de la UCD en Tenerife, Leoncio Oramas, estaban en huelga desde el 13 de octubre, luchando por la consecución de una empresa pública para el transporte interurbano en la isla, por garantizar el futuro laboral de todos los trabajadores y por el cumplimiento de los pactos y promesas incumplidos por los Dramas, Tabacos y Frío.

    Los 4.000 trabajadores de 15 empresas del Tabaco que había por aquel entonces, en huelga desde el día 14 de noviembre, se rebelaban contra los salarios de miseria, al tiempo que se enfrentaban a un proceso de reestructuración impuesto por el monopolio español de Tabacalera, que pretendía introducirse en el accionariado de las empresas canarias. Esta huelga acabó días después, con la imposición de un Laudo de Obligado Cumplimiento en el que se aplicó en lo salarial los nefastos Pactos de la Moncloa. Los obreros del Frío se encontraban en una larga y dura huelga que, entre otras, reivindicaban la readmisión de más de 100 compañeros despedidos. Javier fue la víctima mortal de las balas asesinas, pero hubo otras víctimas más, varios fueron los heridos ese día, entre ellos, Fernando Jaezurría, de 18 años de edad, estudiante de 1° de Farmacia, herido de bala en un brazo, o Nicolás, de 13 años, herido de bala en un hombro mientras observaba desde su colegio los acontecimientos, además de los heridos por los botes de humo y balas de goma, personas, la mayoría de ellas que eran ajenas a los hechos, algunas fueron alcanzadas cuando se encontraban en sus casas; y los numerosos detenidos y golpeados en las jornadas de luto y de lucha que se sucedieron a continuación. Canarias, que se encontraba en una aguda crisis y conflictividad social, fue invadida por más de 900 miembros de la Policía Armada -unos 300 en Gran Canaria y unos 600 en Tenerife-, cuyo comportamiento fue el de unas fuerzas de ocupación colonial. Esta fue la forma en que la que el Gobierno Español de Adolfo Suárez y Martín Villa como Ministro del Interior, y, Mardones Sevilla como Gobernador Civil -actual diputado de Coalición Canaria-, aplastaron las movilizaciones que se sucedieron en nuestro Archipiélago. Desde el estado español, llegó la solidaridad y las muestras de repulsa e indignación, así, se celebraron manifestaciones en Bilbao, Madrid, Barcelona, etc.., por citar solo algunas.

    Aún hoy estos luctuosos hechos continúan sin esclarecerse y sin determinarse las responsabilidades penales, como tantos otros ocurridos en estos años a causa de las balas disparadas "al aire", en versión de los autores, y ésto, a pesar de contarse con la declaración de testigos presenciales. La jurisdicción ordinaria se inhibió en favor de la jurisdicción militar, que no hizo nada concluyente, y, la Comisión de las Cortes creada al efecto e integrada por la UCD, PSOE, Coalición Democrática (hoy PP) y el PCE, abrió una investigación que de nada sirvió. Muchas son las preguntas que quedan aún sin respuesta, entre ellas, ¿Fue el Gobernador Civil, Mardones Sevilla, -como máximo responsable de las Fuerzas de Orden Público- el que le dio la orden a la Guardia Civil para entrar en la Universidad disparando balas de fuego real?

    El PSOE, el PCE, la UGT y CC.OO, dieron muestras por aquel entonces de su conversión en organizaciones sumisas a la monarquía y apéndices del estado capitalista opresor, al no sumarse a la Huelga General y oponerse a ella en las empresas y centros de trabajo, criticando públicamente en la prensa burguesa a los convocantes. Basta dar un repaso a la prensa de esos días para darse cuenta de ésto. Estas organizaciones ya habían pactado con la derecha y los restos del franquismo su aceptación de la "transición pacífica" a la democracia burguesa actual, reformando el régimen franquista sin romper con él. Este compromiso fue explicitado con la firma de los nefastos -para los trabajadores y sectores populares- Pactos de la Moncloa, por eso no querían correr riesgos apoyando huelgas generales conjuntamente con las organizaciones obreras y revolucionarias.

    ResponderEliminar
  3. Fernández Quesada: Caso Abierto


    Daniel Millet / Octavio Hernández
    Rebelión


    Este trabajo se publicó parcialmente en La Opinión de Tenerife y en La Provincia/Diario de Las Palmas el 12 de noviembre de 2006.





    Javier Fernández Quesada fue uno de los cientos de canarios que perdieron su vida luchando por la libertad. Cayó durante aquella Transición revuelta en la Universidad de La Laguna. 29 años después, su caso puede quedar fuera de la Ley de Memoria Histórica, porque la normativa recoge aquellos casos acaecidos entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977. No habrá reparación ni indemnización sólo por 77 días. La versión oficial sigue causando auténtica vergüenza.

    […] estamos de acuerdo con la tolerancia cero ante cualquier hecho que presuponga una conculcación de derechos constitucionales, consagrados en el Título I de la Constitución española, o cualquier norma de reglamento de comportamiento con detenidos. Pero, señor ministro, tolerancia cero para todo el escalafón, para los de arriba, los de abajo y los de en medio, y usted me entiende, señor ministro. La tolerancia no es un valor discrecional que se puede aplicar a un determinado nivel de responsables en cualquier institución que esté sometida a unas normas de disciplina. Usted ha señalado tres niveles de responsabilidad. En primer lugar está el penal judicial, en el que no entramos, como bien ha dicho usted, y más por su procedencia profesional de juez y magistrado; a eso estamos obligados todos por imperativo constitucional, y aquí estamos en sede parlamentaria. En segundo lugar están los niveles administrativos disciplinarios; correctos en las medidas que usted ha impulsado. En tercer lugar están las responsabilidades políticas en las que habría también tolerancia cero, y repito que para todo el escalafón. […] Por tanto, estamos de acuerdo en una tolerancia cero, pero a todos los niveles de exigencia, caiga quien caiga.

    Luis Mardones Sevilla, en respuesta al Ministro del Interior. Comisión de Interior. Sesión Extraordinaria sobre los hechos ocurridos en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar. 11 de agosto de 2005, DS/Congreso nº 343

    Si nos llevamos por la versión oficial, que quedará para la historia si nadie la cambia, el estudiante de Biología Javier Fernández Quesada murió el 12 de diciembre de 1977 “al toparse mientras volaba con una bala disparada al aire por un guardia civil”. Eran las conclusiones que empleaban las publicaciones críticas de la época para interpretar cínicamente las versiones oficiales –plagadas de eufemismos y falsedades– de los cuerpos de seguridad, unas conclusiones que hoy causarían congoja pero que permanecerán en la oficialidad como manchas que hacen del expediente de Fernández Quesada una mentira. Pero lo peor no es que no haya habido proceso penal por el asesinato de Javier, que nadie haya sido acusado de nada, ni la determinación final de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.

    Posiblemente, lo peor es que su caso, que tiñó de tristeza e indignación aquellos días del posfranquismo en Canarias, quedaría excluido de las medidas de reparación si en las próximas semanas el Parlamento nacional aprueba, como está previsto, el proyecto de la llamada Ley de la Memoria Histórica. Javier quedaría fuera tan sólo por 77 días. Una de las concesiones a las que no tendrá acceso la familia por esa ridícula distancia son los 135.000 euros de indemnización previstos por la disposición adicional segunda, del artículo 25, del marco normativo denominado oficialmente Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, publicado en el BOC en septiembre pasado y preparado por el Gobierno socialista. La disposición aclara que son indemnizaciones “para las personas fallecidas en defensa de la democracia durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977”, esta última fecha relacionada con la Amnistía y no, como ha extrañado a muchos de quienes han criticado la norma, con la de la aprobación de la Constitución y el inicio de la era democrática, el 6 de diciembre de 1978.

    Nadie lo sabe

    Ninguna de las personas consultadas por este periódico conocía este detalle, ni políticos, ni miembros de asociaciones sociales, ni testigos de aquel suceso; ni siquiera la propia familia del joven de Las Palmas, que sigue residiendo en la capital grancanaria. Uno de sus hermanos, Carlos, señaló que “habíamos escuchado que se iba a someter a aprobación una ley para los afectados por la dictadura de Franco”, pero aclaró que “no tenemos más noticias concretas sobre estas medidas”. El caso de este joven asesinado en la puerta principal de la Universidad de La Laguna, cuando una bala le atravesó el corazón en medio de una carga con fuego real de la Guardia Civil, sigue rodeado a pesar de los años de un gran simbolismo y de un sinfín de casualidades, que le dan una atmósfera novelesca. Por ejemplo, uno de los miembros de la comisión nacional de investigación del Congreso, el en aquel entonces diputado socialista por Santa Cruz de Tenerife Luis Fajardo, vio desde la ventana de su casa aquellos dramáticos hechos, pues vivía a un lado del campus. Asimismo, ese día Javier Fernández Quesada acababa de terminar el servicio militar obligatorio y dos de sus hermanos lo vieron en aquella manifestación, aunque se enterarían horas después de que Javier había caído. Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias y aquel día estudiante de Medicina que atendió a Javier nada más recibir el disparo, llegó a preguntar si había tiempo para enmiendas. No. Hubo una ampliación del plazo, pero finalizó el pasado 17 de octubre. Lo curioso es que Román Rodríguez fue el ponente de CC en los debates sobre la Ley de la Memoria Histórica y votó a favor del proyecto socialista. Y, las vueltas del destino, Luis Mardones era gobernador civil –y por lo tanto responsable de la seguridad– de la provincia tinerfeña durante los referidos sucesos y, casi 29 años después, votará precisamente en unas semanas por la aprobación o no del Proyecto de Ley de la Memoria Histórica que en alguna medida afecta al expediente de Javier Fernández. Recuerda Luis Mardones, hoy diputado nacional de Coalición Canaria-Nueva Canarias, que “fueron días muy delicados que no son gratos de recordar”. “Yo opino que se hizo bien pasando página y mirando al futuro para asegurar una buena Transición. En todo caso, hay que revisar la historia desde la perspectiva de los historiadores, no desde el punto de vista político. No creo que sea bueno volver a cargar las escopetas con aquella concepción de las dos españas”, matiza. ¿Y qué votará usted sobre el Proyecto de Ley de la Memoria Histórica? “Será en breve, puede que incluso la próxima semana. Preferiría abstenerme; dejar las aguas tranquilas”, contestó escuetamente. Después de un larguísimo proceso con múltiples retrasos, el Gobierno ultimó el pasado verano el informe y la Ley de la Memoria Histórica. Con el tiempo y las críticas feroces del mundo conservador, el Gobierno ha ido suavizando el contenido de la ley para tratar de limitar la polémica y aplacar al PP, contrario a hacer cualquier tipo de iniciativa que “remueva el pasado”, según un reportaje de El País. En el informe, el Gobierno plantea una descripción del horror de la Guerra Civil y destaca que hubo desmanes en los dos bandos. Lo dijo el propio presidente, José Luis Rodríguez Zapatero: “España tuvo un drama histórico, una guerra incivil en la que todo el mundo fue víctima. Hubo víctimas de un lado y de otro”. Para las asociaciones de las víctimas de la dictadura, el proyecto es endeble, pasa muy por encima del problema, deja huecos importantes y no incluye algunas de sus peticiones, como suspender los consejos de guerra y los procesos extrajudiciales, o reabrir los casos en los que hubiera sospechas de apropiación indebida de patrimonio de los represaliados.

    Ayuda moral y económica

    El cuerpo fundamental de la iniciativa aspira a un reconocimiento moral, desde la democracia, a quienes sufrieron, después de la guerra, la represalia franquista. Pero habrá también compensaciones económicas para víctimas de los últimos años del franquismo y de la Transición. La ley de víctimas del terrorismo, que cubre desde 1968, cuando ETA comenzó sus actividades, dejó fuera a varias decenas de muertos a manos de la policía o extremistas en toda esa época convulsa. Es el caso de estudiantes y obreros asesinados por la policía en huelgas y protestas, como los cinco trabajadores muertos en Vitoria en 1976, o los dos carlistas fallecidos por los disparos de militantes de la extrema derecha en Montejurra (Navarra). Esos mismos jeitos de violencia represiva que siguieron enquistados en la Transición también estuvieron detrás de la muerte de Javier, aunque vayan a quedar fuera del amparo del nuevo reglamento. En nombre de su familia, Carlos Fernández Quesada lamenta que vaya a ser así. “Me gustaría que hubiera un reconocimiento oficial de lo ocurrido, aunque por otro lado me daría un poco de miedo que se quisiera retomar con un cariz político. Mi indignación se mantuvo con el paso de los años y más después de saber que el caso se había archivado, que se explicó por un lado que fue un disparo al aire y, por otro, que incluso pudo tratarse de un francotirador. Ver aquella manipulación descarada resultó muy triste. Algunas veces me rondaron deseos de venganza. En mi casa se produjeron muchas discusiones sobre lo que debíamos hacer”, relata, para añadir: “¿Indemnización? Me parece lo justo ante un hecho de este tipo, aunque no nos va a consolar del todo. Lo sufrido sufrido está. Pero la mejor manera de zanjar el tema sería reconocer los acontecimientos, anular las manipulaciones y facilitar las indemnizaciones”. Zenaido Hernández ya era en 1977 periodista de Radio Club Tenerife. Actual responsable de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna, acudió la tarde de ese 12 de diciembre a La Laguna para relatar cómo estaba la situación y se encontró “con una ciudad prácticamente sitiada, llena de policías, de enfrentamientos callejeros y de mucha indignación”. “Incluso, vi gente que tiraba macetas a los policías desde los balcones. Hay que tener en cuenta que eran unos años en los que un amplio sector de la población empezaba a exteriorizar las ansias de libertad y otro mantenía los tics de la dictadura. El fallecimiento de Javier había desatado la tensión”, manifiesta, para aclarar que no sabía que su expediente va a quedar fuera de plazo. “La verdad es que lo lamento”. Wladimiro Rodríguez, hoy consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife por Coalición Canaria, ya era en aquel año profesor de la Universidad de La Laguna. Militaba en el Partido Comunista y encabezó una concentración espontánea la misma tarde del 12 de diciembre para condenar el asesinato de Javier. “Espero que se presente alguna enmienda o se haga algo para que su caso sea también reconocido”, dijo, para precisar: “No me parece bien que ahora se evite hablar abiertamente de aquellos tiempos oscuros y difíciles. Costó mucho llegar a la democracia y homenajear a los que lucharon por ella se convierte en una obligación”. Javier Fernández Quesada no era un activista; era un deportista, algo tímido, de 22 años que estudiaba 2º de Biología y que tampoco estaba de acuerdo con la dictadura y mucho menos podía abstraerse del clima reivindicativo de la Universidad de La Laguna, que en el año 1977 había cobrado además un especial protagonismo con la crisis económica y social que se vivía en las Islas. El 12 de diciembre acudió con unos amigos a las concentraciones de los estudiantes en el campus central en solidaridad con los sindicatos de transporte, tabaco, frío, construcción y servicios, que habían convocado una huelga general y protestas en Santa Cruz y La Laguna. Los choques de los policías enviados desde la Península contra los universitarios, grupos vinculados al sindicalismo y grupúsculos del independentismo habían cesado después de una mañana caliente.

    Todo parecía tranquilo

    Lo peor parecía haber pasado cuando a eso de las dos y media de la tarde se retiraron los antidisturbios en los jeeps militares que los trajeron. Hubo una coincidencia unánime entre las decenas de testigos que dieron voluntariamente su versión a la comisión de investigación parlamentaria y a los medios de comunicación, entre ellos Antonio de Bethencourt, en aquel entonces rector de la Universidad de La Laguna: unos ocho guardias civiles accedieron de repente al interior del recinto universitario por la entrada que da a las instalaciones deportivas, disparando con metralletas y pistolas, en un operativo desproporcionado. Tan sorprendido como todos los demás, Javier huía hacia el interior del edificio principal para refugiarse de los disparos, sin saber bien si eran de verdad o de fogueo, cuando fue alcanzado a bocajarro. Según la autopsia, le dispararon a corta distancia (había restos de pólvora en el esternón) y murió en el acto por una bala de metralleta que le atravesó el cuerpo. Al día siguiente, la nota del Gobierno Civil decía: “(...) Pasadas las 15 horas, un grupo considerable de individuos se dirigió agresivamente hacia la zona en la que estaba la Guardia Civil, que al ser agredida y para disuadir a los atacantes efectuó disparos al aire”. Esa es la versión oficial que se mantiene hoy. La Guardia Civil nunca reconoció que se le fue la mano y nunca depuró responsabilidades, como tampoco la comisión de investigación del Congreso, que se centró en las actuaciones políticas, llegó a desplazarse a Tenerife y estuvo dirigida por los diputados Acebedo Villaseñor y Tellado (Unión de Centro Democrático, UCD), Luis Fajardo Spínola (PSOE) y Martínez Emperador (Alianza Popular, AP). La comisión realizó un informe de 59 folios que dio origen a las conclusiones, aprobadas el 29 de junio de 1978 por la Comisión de Interior en una sesión que se celebró a puerta cerrada. El Diario de Sesiones, al que ha tenido acceso este diario y en el que quedaron recogidas todas las intervenciones, fue retirado por orden de la presidencia del Congreso y la edición íntegra, de 2.000 a 4.000 ejemplares, almacenada bajo llave. Los socialistas pidieron que se incluyera este párrafo: «Ha quedado probado que la Guardia Civil abrió fuego real con sus armas reglamentarias en el recinto universitario, bajo las órdenes de su responsable y sin que mediara agresión previa que justificara su empleo, según declaración de los testigos presenciales. No ha quedado probado, en cambio, que alguien más tuviera o hiciera uso de armas de fuego”. Según había quedado probado, las fuerzas de la Guardia Civil estaban comandadas por un coronel que reconoció haber dado la orden de abrir fuego. La iniciativa fue rechazada. Para el representante de AP, “la bala fue disparada desde las escaleras del colegio universitario o, incluso, desde su interior; es decir, desde un lugar donde no había agentes del orden”. UCD defendió que “hostigados, el coronel dio orden de que se dispararan botes de humo y balas de goma, unas doscientas; y como la multitud no cejaba en su actitud, dio orden de que se efectuaran disparos al aire, diez concretamente. Pese a todo, el grupo de estudiantes reincidió, por lo que se volvió a dar orden de disparar al aire, momento en que cayó mortalmente herido Fernández Quesada”. Luis Fajardo recuerda que “fue la segunda comisión de este tipo” tras la muerte de Franco. “No se sacó nada, pero por lo menos el Parlamento investigó y debatió, que ya era un paso importante. Pedimos una investigación penal, pero la Guardia Civil estaba fuera del régimen jurídico general y creo que no hubo ninguna”, matizó el hoy miembro del Consejo Consultivo de Canarias. Ahora se ha abierto una oportunidad de eliminar aquel trágico error. Pero ni la Ley de la Memoria Histórica servirá para que quede bien claro que Javier no voló aquel día.

    La represión de los crespones negros

    Corrían tiempos difíciles. La huelga general, la crisis económica, los últimos atentados del independentismo radical del Mpaiac, las cenizas de lo que había sido una dictadura especialmente represiva en Canarias, el recuerdo en carne viva del franquismo y de las más de 3.000 víctimas en las Islas... El asesinato de Javier Fernández Quesada y las justificaciones posteriores habían sido el colmo. Esto contaba tres días después del suceso Juan Cruz para El País: “Durante todas las horas del día y de la noche las fuerzas antidisturbios continúan patrullando las calles de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, que permanecen bajo un ambiente de tensión en el que no faltan duros choques de manifestantes y fuerza pública. Ante el grave deterioro de la situación después de la muerte del estudiante Javier Fernández Quesada, el rector de la Universidad de La Laguna ha decretado el cierre de la misma hasta el mes de enero. El hecho más grave registrado ayer fue el tiroteo de dos policías armados, que prestaban servicio ante un establecimiento de Galerías Preciados, y que resultaron heridos por los impactos de los perdigones, uno gravemente y el otro de carácter leve. Este atentado ha sido condenado por los partidos más importantes canarios”. Periódicos y revistas, sobre todo nacionales, ya podían hacerse eco abiertamente de que decenas de testigos hablaban de asesinato y de carga desproporcionada de la Guardia Civil. Incluso, la Policía Nacional parecía desmarcarse, o por lo menos eso se interpretó cuando en el periódico El Día apareció una esquela en honor de Javier firmada por el cuerpo. Los altos cargos aclararían inmediatamente después no estar detrás de esa esquela, que les había causado un profundo malestar y que se trataba de “la iniciativa de un grupo de agentes no identificados”. Sobre las numerosas cargas policiales durante los días siguientes a la muerte del estudiante de Biología, que se extendieron a Santa Cruz, La Laguna y Las Palmas, y que se ensañaron incluso con aquellos que osaron lucir simplemente un crespón negro, explicó el delegado de Seguridad en Canarias de entonces, Claudio Ramos: “Los grupos antidisturbios pudieron haber causado molestias en la población al llevar a cabo su misión de reprimir de inmediato cualquier violación del orden. Las sicologías son diversas y la de la gente antidisturbio asume que cuando hay un crespón negro en un automóvil, desde ese automóvil puede venirle un ataque. Por eso se muestra más duro con tal objetivo”.

    Mi hermano no llega

    Carlos Fernández Quesada estuvo en la concentración en la que murió su hermano Javier. Era un estudiante de Psicología en la Universidad de La Laguna de 19 años. Hoy tiene 48, reside en Las Palmas y trabaja para el Servicio Canario de Empleo. De dos horas de entrevista con él surge esta crónica en la que Carlos reconstruye en primera persona aquel drama que le tocó tan de lleno. Yo estudiaba Psicología en la Universidad de La Laguna. Aquel año casualmente mi hermano Javier había empezado a vivir conmigo en un piso de la calle Viana. Tenía 19 años y él me llevaba tres. Me levanté como cualquier otro día. Fui a la Recova y luego, junto a un compañero, al campus. Allí nos encontramos con la manifestación. El ambiente se fue caldeando con la aparición de los policías. Los agentes se retiraban y volvían. Hubo varios enfrentamientos con los antidisturbios, pero que eran normales en aquellos tiempos. Nos extrañó ver que en un momento dado aparecieron jeeps de la Guardia Civil. Los policías parecían retirarse definitivamente. Eran casi las tres de la tarde. Cuando muchos de los manifestantes empezábamos a marcharnos, llegó de repente la carga de la Guardia Civil.

    Nadie se lo esperaba. Entraron por la puerta que da a las instalaciones deportivas y lo hicieron incomprensiblemente disparando a todos lados. No recuerdo cuántos serían, pero no más de diez. Lo normal era que cargara la Policía con material antidisturbios. Y si había lío. Pero había calma y era la Guardia Civil. En un primer momento pensé, como tanta gente, que eran balas de fogueo. Sin embargo, cuando vimos los impactos en la pared de la entrada principal de la Universidad supimos que eran balas de verdad. Salimos por patas. Salí al exterior del campus y me fui a casa a refugiarme. Mi hermano no llegaba, pero tampoco me preocupé en ese momento. Cuando a eso de las cuatro de la tarde volví al hall del edificio central me encontré con que había una asamblea y mucha indignación. Se comentaba que había caído un estudiante. Allí me encontré con otro hermano (éramos tres estudiando en La Laguna). Ricardo estaba entre Javier y yo en edad y también había vivido la carga y las concentraciones. Cuando vi a Ricardo empecé a sentir malas vibraciones. No sé. Nos preguntamos dónde podía estar Javier. Lo habíamos visto esa misma mañana en la manifestación. Poco después nos comentaron en el mismo hall que se hablaba de que le habían dado a un tal Javier, que se lo habían llevado los guardias civiles. Primero nos dijeron que se lo habían llevado a un hospital, después que estaba en el cementerio de La Laguna...

    Nosotros nos presentamos en la comisaría de Policía de La Laguna y dijimos que éramos los hermanos de Javier Fernández Quesada. Lo primero que nos preguntaron fue que a quién nos referíamos. Les explicamos lo que había pasado y nos hicieron entrar. El ambiente era tremendo. Se palpaba la tensión, más cuando la noticia ya había corrido por toda La Laguna. Estaban sobreexcitados, como si todos mascaran chicle. Un comisario nos hizo pasar a su despacho y nos dijo que a la Guardia Civil se le había ido la mano, que ellos se habían retirado y que había un fallecido, un tal Javier, al que debíamos reconocer. Nos llevaron en un jeep antidisturbios al cementerio de La Laguna acompañados por varios agentes. Era increíble. Ya se había congregado gente en los alrededores del cementerio. Nos hicieron pasar al cuarto mortuorio y apenas empezaron a destapar el cadáver ya supimos que era él. Conservo con gran indignación lo que sucedió después: la presión policial, las burlas de los agentes, los inconvenientes... Ya en el mismo aeropuerto de Los Rodeos, cuando fuimos a buscar a otro hermano pequeño y a mis padres se produjo una carga policial. Había decenas de manifestantes, pero apenas portaban unas cuantas pancartas. Se presentaron para apoyarnos. Mis padres saliendo y los agentes cargando. Era una locura. Mi madre gritaba que no le mataran a más hijos, nosotros fuera de sí, ella sujetando a mi padre porque se iba a por quien fuera... La cosa se terminó calmando, pero los nervios permanecen. Nos volvimos todos con el cuerpo de Javier. Recuerdo aquel horroroso viaje: el día nublado, el fokker moviéndose todo el rato, nosotros sin saber qué decir...

    Compañeros de mi hermano que desde un primer momento nos apoyaron, tuvieron que soportar las burlas de algunos agentes que se presentaron allí durante el velatorio. Mis padres eran presa de una doble sensación: la impotencia y la contradicción. Mi padre, que falleció hace ya años, era una persona con poco nivel cultural. Era un empleado y mi madre llevaba una de las zapaterías de la familia en Gran Canaria, Calzados Quesada. No estaban en ningún movimiento antifranquista ni nada por el estilo; eran normales, las típicas personas criadas en la moral franquista. Estaban destrozados y encima recibieron llamadas amenazantes. “Recuerden que les quedan cuatro hijos”, les dijeron. No entendían nada, sobre todo los hechos posteriores: la represión indiscriminada contra todas las movilizaciones. Atacaban hasta a los que llevaban un simple crespón negro. Guardo casquillos de bala de aquel día y testifiqué voluntariamente ante la comisión de investigación. Luego me dijeron que en verdad a Javier le dispararon a quemarropa. Incluso, que el agente era muy joven y que fue enviado a Lanzarote. Da igual. Los rencores los he superado, aunque no haya habido ayudas, ni proceso judicial, ni verdad. Y es que lo que más me dolió fue cómo se manipuló esta historia.

    Los asesinatos de Antonio González y Bartolomé García

    El terrorismo de Estado y los excesos de los cuerpos de seguridad que habían imperado en la dictadura sobrevivieron a la Transición. Y Canarias lo sabe perfectamente. Javier Fernández Quesada de hecho no fue el único asesinado. Los otros dos casos significativos de la época, los de Antonio González Ramos y Bartolomé García Lorenzo, sí serían susceptibles, a diferencia del del estudiante de Biología, de quedar bajo el amparo de la Ley de la Memoria Histórica, que se someterá a aprobación en unas semanas, y por tanto las familias podrían solicitar las reparaciones previstas. Sí hay una circunstancia que los une: las responsabilidades de los autores no fueron nunca depuradas. Militante del PUCC (Partido de Unificación Comunista de Canarias), Antonio González fue detenido en su casa de La Laguna la noche del 30 al 31 de octubre de 1975 por agentes al mando del comisario José Matute Fernández, de tan nefasto recuerdo. Fue golpeado salvajemente en comisaría durante el interrogatorio y, según la autopsia, sufrió múltiples fracturas, daños en órganos vitales y derrames internos que le provocaron la muerte. Para dar credibilidad a la versión oficial de que se había suicidado tirándose del coche policial, se subió su cadáver a un jeep y se arrojó a la carretera. Bartolomé García fue confundido por el conocido delincuente, ya fallecido, Ángel Cabrera el Rubio cuando el 22 de septiembre de 1976 ametrallaron la puerta del piso en el que vivía, en un bloque de Somosierra. Su muerte provocó una gran manifestación de condena, seguida de una huelga que se saldó con 27 detenidos. Ninguno de los agentes cumplió condena.

    Málaga y Tenerife, Caparrós y Quesada

    El asesinato de Javier Fernández Quesada ha quedado históricamente unido a la muerte por disparos de la Policía Armada de un joven malagueño de 19 años, Manuel José García Caparrós, el 4 de diciembre de 1977, durante una masiva manifestación para solicitar la Autonomía en el Día de Andalucía. Javier Fernández Quesada debió conocer este suceso, así como las movilizaciones de protesta, duramente reprimidas, pocos días antes de que a él mismo le dispararan en el hall de la universidad lagunera. Caparrós, afiliado al PCE y a Comisiones Obreras, trabajador de la industria cervecera malagueña, fue abatido durante un tiroteo tras una carga policial que intentaba impedir que los manifestantes izaran la bandera andaluza en la Diputación de Málaga. En medio de una gran confusión de pánico, la Policía Armada continuó persiguiendo y disparando a los heridos e incluso acribilló la fachada del hospital donde ingresaron. En los días siguientes se desató una impresionante protesta, a la vez que se declaraba el luto oficial. Tras el entierro los enfrentamientos con la policía motivaron el envío de refuerzos de las Brigadas Especiales Antidisturbios, que crearon un auténtico estado de excepción, violencia y terror en las calles malagueñas, reprimiendo a quienes portaban banderas andaluzas o crespones negros. Como siguiendo un siniestro manual, la represión en Tenerife siguió con milimétrica exactitud el mismo esquema, sin que pueda atribuirse a la casualidad la coincidencia en los métodos contra la población en su conjunto. Seguían la misma pauta. Había órdenes. En ambos casos, alguien lo ordenó. Y la autoridad competente lo sancionó. El gobernador civil de Málaga, Enrique Riverola, homólogo de Luis Mardones, afirmó: “Se llegará en la investigación hasta las últimas consecuencias, sin componendas de ningún tipo ni ocultar ninguna verdad”. En el Congreso, el 15 de diciembre, Enrique Múgica Herzog, actual Defensor del Pueblo y entonces portavoz de Interior del PSOE, menciona unidos para la historia a Caparrós y Quesada cuando toma la palabra para manifestar “nuestra preocupación y nuestra condena por las muertes ocurridas en Málaga y en La Laguna”. El 23 de diciembre se debate la “Creación de una Comisión de Encuesta sobre los acontecimientos producidos en Málaga y Tenerife, solicitada por varios Grupos Parlamentarios”. La investigación encargada por Rodolfo Martín Villa al subdirector General de Seguridad y veterano torturador franquista José Sáinz concluyó sin imputados. Los trabajos de la Comisión parlamentaria tampoco acabaron con la sensación de impunidad. “Los partidos políticos llevaron a cabo un pacto de silencio y sacrificaron el esclarecimiento de los hechos en pro de la concordia”, señala la periodista Kety Castillo a Alfredo Grimaldos en el libro “La sombra de Franco en la Transición”.

    Castillo investigó el caso malagueño en un reportaje titulado “4D: La verdadera historia”, por el que recibió el premio 28 de Febrero al mejor programa de radio emitido en 2002, concedido por el Consejo Asesor de RTVE en Andalucía. La periodista descubrió que el sumario ha desaparecido de la Audiencia Provincial de Málaga. El asesinato ha prescrito y ha quedado impune al no aclararse judicialmente quién disparó. La muerte de García Caparrós, la respuesta popular y la represión violenta, y el blindaje de la impunidad como resultado escandaloso de las pesquisas posteriores, guarda un sorprendente parecido con lo vivido en Tenerife tras el fallecimiento de Javier Fernández Quesada. El Ayuntamiento de Málaga aprobó el 29 de noviembre de 2002 nombrar a García Caparrós Hijo Predilecto de Málaga. El Parlamento andaluz acordó el 6 de diciembre siguiente, con la abstención del Partido Popular, instar al Gobierno a que García Caparrós fuera reconocido como víctima del terrorismo. Una comisión de abogados auspiciada por el PCE y presidida por Pedro Moreno Brenes, abogado y profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Málaga, planteó reabrir la vía judicial, basándose en el antecedente de la reapertura a finales de los años 90 del caso de un estudiante de derecho que murió en 1969, al precipitarse por la ventana de su piso mientras la policía registraba su vivienda. Finalmente, el 4 de diciembre de 2004, Manuel José García Caparrós fue nombrado Hijo Predilecto y Medalla de la Ciudad de Málaga a título póstumo, coincidiendo con el 27 aniversario de su asesinato. Es probablemente el único rasgo que distingue un caso de otro: el ensordecedor silenciamiento institucional y la ausencia del debido reconocimiento al joven de Gáldar muerto en La Laguna, que al ser acribillado ocupó para la historia involuntariamente el lugar de todo un pueblo. Javier Fernández Quesada ha sido dramáticamente olvidado por dos diputados del grupo Coalición Canaria-Nueva Canarias en el Congreso.

    Román Rodríguez, compañero universitario que lo atendió el día que lo asesinaron, ha sido el ponente de CC en los debates sobre la Ley de Memoria Histórica y votó a favor de la enmienda socialista que impedirá que pueda ser reconocido legalmente como una víctima del franquismo. Luis Mardones, compañero de grupo de Román Rodríguez, gobernador civil bajo cuya autoridad ocurrió el asesinato y que nunca ha asumido ninguna responsabilidad, ha vivido para poder votar en el Congreso la Ley que dará continuidad a la impunidad y el silencio que han rodeado la muerte del estudiante. Han pasado 29 años. No son los únicos olvidos. Ni el Claustro de la Universidad de La Laguna, ningún sindicato de estudiantes, ni el ayuntamiento lagunero, ni el Parlamento, ningún partido político, ningún colectivo social, se han ocupado de reclamar que el caso fuera revisado y reconocido durante los trabajos de acompañamiento a la redacción de la Ley. Al tiempo que esto ocurría, la Fundación Empresa-Universidad de la Universidad de La Laguna –donde el universitario cayó mortalmente herido- se enorgullecía de su colaboración con el ayuntamiento de Santa Cruz en la restauración de la estatua de Franco en el “Monumento a la victoria” que preside la Avenida de Anaga en la capital.

    Excluido por haber sido asesinado demasiado tarde

    En noviembre de 2002, una Comisión Constitucional adoptó un acuerdo unánime sobre la reparación a las víctimas del franquismo y la transición, con carácter declarativo pendiente de desarrollo. Cuando entre abril y junio de 2004 se presentaron y debatieron las PNL sobre reconocimiento, reparación moral y ayudas a las víctimas del franquismo y de la transición, este límite temporal se mantuvo por consenso a propuesta del PSOE. En el debate participó Román Rodríguez, entonces diputado en el Congreso por Coalición Canaria. En su punto 3, la propuesta aprobada detallaba:

    "[...] El Proyecto establecerá ayudas económicas que se percibirán de una sola vez y para acceder a las mismas el hecho causante deberá haber ocurrido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977."

    El hecho es que, de aceptarse este período entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, como hizo de hecho Román Rodríguez, Javier Fernández Quesada no será reconocido plenamente como una víctima de la transición, ni a los efectos de reparación moral ni a los efectos de compensación económica a sus familiares.

    Hasta la legislatura 2000-2004, las peticiones de los grupos parlamentarios se habían concentrado en demandas de contenido económico para los afectados por la Guerra Civil y la dictadura, pero a partir de ésta cobra relevancia el reconocimiento de la dignidad y el honor, la reparación moral, el desagravio público y la recuperación de la memoria histórica. En el año 2001 el pleno del Congreso de los Diputados rechazó una Proposición no de Ley que condenaba el alzamiento militar del 18 de julio de 1936, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios salvo la mayoría del Popular, que se opuso. Dos iniciativas propusieron convertir el Valle de los Caídos en un centro de homenaje a las víctimas. Otras dos, la anulación de los juicios sumarios y la revisión de las sentencias de los fusilados durante la dictadura por motivos políticos y de conciencia. A partir del año 2000, hasta catorce iniciativas parlamentarias propusieron incrementar las cuantías percibidas por los distintos afectados, ampliar los supuestos que daban derecho a la percepción de pensiones o eliminar su tributación en el IRPF. Ninguna de ellas fue aprobada por el PP. Finalmente, una Proposición no de Ley del 20 de noviembre de 2002, proclamó el reconocimiento moral hacia todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil española y de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura. Retomando esta propuesta, el 1 de junio de 2004 el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una nueva Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, que contaba con hasta tres iniciativas distintas, que fueron agrupadas en una sola enmienda de sustitución del PSOE, presentada por Diego López Garrido y defendida por Ramón Jáuregui, donde ya se explicita un arco de fechas para el reconocimiento de las ayudas económicas.

    La propuesta socialista aprobada instaba al Gobierno a llevar a cabo un estudio sobre los daños y perjuicios ocasionados por la contienda y la represión posterior efectuada por la dictadura. Igualmente, instaba a que se estudiasen los derechos que les hubiesen sido reconocidos hasta el momento por la legislación estatal y autonómica, así como las propuestas de reparación moral, social y económica que pudieran contribuir a mejorar la situación existente. La Proposición no de Ley instaba también al Gobierno a remitir al Congreso un Proyecto de Ley de solidaridad con aquellas personas que sufrieron daños personales en el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas prohibidos por el régimen franquista y reconocidos posteriormente por la Constitución, para rendirles un tributo de reconocimiento y justicia y establecer ayudas económicas. En tercer lugar, la Proposición instaba expresamente a que en el Proyecto se estableciese una indemnización económica para los fallecidos de forma violenta en la época de la transición a la democracia, a percibir de una sola vez, cuando el hecho causante se hubiera producido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977. Por último, se instaba igualmente al Gobierno a que llevase a cabo un estudio sobre la situación de los archivos públicos y privados con el fin de organizarlos, potenciarlos y abrirlos a los particulares para que éstos pudiesen acceder a las ayudas existentes o las nuevas compensaciones que se creasen. La Proposición no de Ley se refiere expresamente a las personas que sufrieron daños personales “en el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas prohibidos por el régimen franquista...” y recoge que esta ley “deberá establecer ayudas económicas, que se recibirán de una sola vez y para acceder a las cuales el hecho causante deberá haber ocurrido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977”.

    El diputado Jáuregui defendió la propuesta porque “es un clamor unánime en la opinión pública española y lo era en esta Cámara, excepto para el Partido Popular, la necesidad de regular, puesto que la Ley de Víctimas del Terrorismo estableció una indemnización para las personas que sufrieron daño o muerte por el terrorismo, que por circunstancias semejantes también compensáramos a las víctimas de la dictadura en la transición que habían sufrido daño en el ejercicio de derechos que después nuestra Constitución reconoció. […] porque hay una deuda de justicia para con ellos, por su contribución a la lucha contra la libertad, reclaman una compensación de la democracia española, y la vamos a hacer. El Partido Socialista se compromete a que el Gobierno elabore una ley en ese sentido”. La ley de víctimas del terrorismo, que cubre desde 1968, cuando ETA comenzó sus actividades, dejó fuera a varias decenas de muertos a manos de la policía o extremistas. Es el caso de estudiantes y obreros asesinados por la policía en huelgas y protestas, como los cinco trabajadores muertos en Vitoria en 1976, o los dos carlistas fallecidos por los disparos de militantes de la extrema derecha en Montejurra (Navarra). La propuesta, para la que Coalición Canaria defendió a través de Román Rodríguez la unanimidad favorable de la Cámara, planteaba el desarrollo de una Ley junto a otras medidas. Con el fin de dar cumplimiento al mandato expresado el 1 de junio de 2004, el Consejo de Ministros, por Acuerdo de 23 de julio de ese mismo año, encomendó a la Vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega la creación de una Comisión que llevase a cabo un estudio en profundidad sobre lo realizado hasta la actualidad, informase sobre la situación de los archivos y elaborara un anteproyecto de Ley. Así, mediante el Real Decreto 1891/2004, de 10 de septiembre, se creó la “Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo”, presidida por María Teresa Fernández de la Vega. La Comisión Interministerial celebró su primera reunión el 18 de octubre de 2004. El 20 de octubre se solicitó la colaboración de las Comunidades Autónomas mediante la petición de un informe sobre las actividades, programas y actuaciones, y normativa en esta materia. Lo mismo se hizo con la Federación Española de Municipios y Provincias. A partir del 26 de noviembre de 2004, la Comisión recibió a treinta y seis asociaciones y organizaciones y se han recibido alrededor de 14.000 cartas o escritos de particulares. El pleno del Congreso del 2 de abril de 2005, el Grupo parlamentario de Convergencia i Unió presentó una Proposición de Ley de Solidaridad con las víctimas de la lucha por las libertades y la transición a la democracia, debatida y finalmente retirada con el compromiso de consensuar una iniciativa legislativa al respecto sobre la base de las propuestas de esta Comisión. Las últimas resoluciones parlamentarias aprobadas son las votadas con motivo del debate sobre el estado de la Nación el 6 de junio de 2006, a instancia de la Diputada Uxue Barkos de Nafarroa Bai y de Izquierda Verde. En ellas se instó al Gobierno a presentar, antes del próximo período de sesiones, el Proyecto de Ley de reconocimiento. Finalmente, el 28 de junio de 2006 concluyó la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley presentada por el grupo Izquierda Verde, dando lugar a la Ley 24/2006, de 7 de julio, sobre declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica. Un mes después, la Comisión Interministerial para el Estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo presentó su Informe General, estableciendo que “han de ser objeto de tratamiento diferenciado las víctimas habidas durante el período de la transición a la democracia, en el que se produjeron actos de represión y abusos, con el resultado de personas fallecidas que tampoco deben ser olvidadas”. En las Recomendaciones, el Informe contempla el “Reconocimiento de indemnizaciones a favor de los fallecidos en defensa de la democracia durante el periodo comprendido entre los años 1968 y 1977”:

    “Existe constancia de que algunas personas perdieron su vida en defensa de la democracia y la libertad durante el período de la transición, y de forma particular entre los años 1968 y 1977, sin que se haya procedido a ningún reconocimiento expreso de su contribución ni, en algunos casos, sin que se haya concedido reparación económica alguna en favor de sus causahabientes. Por ello, la Comisión aconseja que se establezca un procedimiento legal que permita conceder esas compensaciones económicas y el reconocimiento moral por su sacrificio en favor de la consolidación del Estado constitucional.”

    Sobre la base del Informe y las Recomendaciones, el Consejo de Gobierno aprobó el Proyecto de Ley, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 8 de septiembre de 2006 con el título “Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”. Se inició un período de enmiendas, que ha sido ampliado luego hasta el 17 de octubre por la Mesa de la Cámara. La Disposición adicional segunda del proyecto legislativo contempla el “Reconocimiento en favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el período comprendido entre 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 1977”:

    “En atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte, se reconoce el derecho a una indemnización, por una cuantía de 135.000 €, a los beneficiarios de quienes fallecieron durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos.”

    En las próximas semanas deberá votarse finalmente esta Ley, no exenta de polémica con quienes acusan al Gobierno de haber accedido a las presiones del Partido Popular rebajando su contenido. La aplicación de las previsiones de la normativa se calcula que tendrá un coste de entre 51,3 y 60,8 millones y más de 31.000 beneficiarios directos, según estima el informe económico remitido por el Gobierno al Congreso. En el capítulo de las indemnizaciones, el proyecto de ley reconoce el derecho de los familiares de las personas fallecidas en defensa de la democracia durante la Transición, entre el 1 de enero de 1968 a 6 de octubre de 1977, a percibir un pago único de 135.000 euros. Ni el proyecto ni la memoria económica citan ningún caso concreto, pero esta última estima que la disposición podría beneficiar a unas 25 personas, por lo que su coste total ascendería a 3,3 millones de euros. Entre estas víctimas no se encontrará Javier Fernández Quesada, por haber fallecido el 12 de diciembre de 1977, dos meses después de la Amnistía. Tampoco entran el malagueño Manuel José García Caparrós, ni muchas otras personas fallecidas por la represión durante esos meses previos a la aprobación, el 6 de diciembre de 1978, de la Constitución.

    ResponderEliminar
  4. Fernández Quesada: en honor a la verdad



    Octavio Hernández



    El interés por la figura de Javier Fernández Quesada ha venido creciendo en los últimos años de la mano de quienes hemos pretendido, desde el respeto por la verdad y por las personas directamente implicadas, rescatar su memoria. Es una labor inconclusa en la que hemos participado Daniel Millet, quien les habla, Miguel Ángel Díaz Paralea, Sergio Millares y Julián Ayala con trabajos de investigación y crónica que se están convirtiendo en monografías donde quedará recogido todo aquello que, treinta años después, podemos saber sobre el estudiante asesinado y las circunstancias de su muerte. El trabajo publicado por Millares y Ayala en la revista Canarii es extraordinario por su calidad, cuidado y difusión. Mejora en muchos aspectos lo que otros hemos publicado y aporta fuentes documentales fundamentales a las que hace un año no teníamos acceso.



    Ahora bien, en honor a la verdad, a veces quienes investigamos confundimos nuestros deseos con la realidad. En el caso de Fernández Quesada, nuestro acercamiento a su personalidad ha estado siempre atravesado por el contexto de su fallecimiento. Ese contexto estaba, en los últimos meses de 1977, fuertemente politizado. El movimiento de rebeldía obrera y estudiantil contra el que disparaba el régimen de transición a través de la guardia civil era la cosecha ideológica de una siembra antifranquista clandestina con diversas adscripciones ideológicas que pretendían interpretar el momento histórico a través de distintas claves o, como se dice ahora en la teoría de la ciencia política, “cleavages”. Para el investigador, treinta años después, el asesinato de Fernández Quesada plantea el dilema de su inmersión en esas claves que, en suma, nos conducirían a preguntarnos qué pensaba él sobre los acontecimientos que se sucedían en aquellos últimos días de su vida. Hasta ahora, la especulación y las dudas sobre la veracidad de algunos supuestos testimonios publicados, nos ha conducido a quienes pretendíamos conocer la verdad a mantener una postura escéptica a la hora de fijar con seguridad vínculos veraces entre la participación directa de Javier en los hechos conducentes a su muerte y alguna forma de compromiso ideológico personal, esa clase de vínculo que uniría a la víctima estudiantil individual con el mártir de una causa colectiva.



    Dice Julián Ayala en su presentación del trabajo publicado en Canarii: “Javier era un estudiante normal, sin especial relevancia política, pese a las versiones interesadas, que posteriormente han tratado de convertirlo en una especie de símbolo del nacionalismo y la independencia de Canarias”. Hasta ahora otros investigadores habríamos asentido a esta afirmación. Hasta ahora. Pero ¿y si no hubiera sido así? ¿Y si Javier hubiera sido conducido a la muerte, no sólo por la casualidad de estar allí, en el lugar y el momento inoportuno de un tiroteo inusual, sino que estaba allí también por convicciones políticas? Y en ese caso ¿de qué convicciones podemos hablar sin temor a equivocarnos? Puesto que quienes nos hemos propuesto rescatar su memoria somos personas de izquierdas, quizá esta circunstancia nos ha alejado más de referirnos a ese detalle que si no lo fuéramos, por prudencia y por respeto. A la vista de la frase de Julián Ayala, llega el momento de hacer honor a la verdad sin aspavientos, con una sincera intención, por mi parte, de aportar al esfuerzo de interpretación y reconstrucción de los hechos para rescatar del olvido y el silencio a la persona en su integridad. Porque silenciar qué pensaba realmente Javier Fernández Quesada también puede ser una “versión interesada” que aproveche la ausencia de evidencias contrastadas para afear por la vía de la suposición reivindicaciones políticas o ideológicas del personaje, simplemente porque ese investigador no las comparte o las juzga inconvenientes o políticamente incorrectas.





    Con ese ánimo de esclarecimiento y reposición, presento aquí un documento excepcional que procede del archivo familiar y hasta ahora no había visto la luz. Se trata de una breve pero intensa y, en mi opinión, extraordinariamente significativa anotación que Javier Fernández Quesada escribe de su puño y letra en noviembre de 1977, poco tiempo antes de ser asesinado en las escaleras de la universidad. La anotación está escrita en el envés de una de las últimas fotografías que de él conserva la familia. Esa instantánea se encuentra entre otras inéditas que Daniel Millet y yo mismo rescatamos del álbum familiar y han recibido bastante difusión desde que las publicamos en el diario La Opinión y, a través de internet, han llegado a distintos portales web. Concretamente, las fotografías adjuntas las tomé yo mismo durante una visita con Daniel Millet a Las Palmas para documentar nuestra investigación con la ayuda de su hermano Carlos. Una de estas fotos supuso un cambio radical en la imagen pública que hasta el momento de su publicación existía sobre Fernández Quesada, otra foto donde aparece agachado y con grandes gafas de sol que ocultaban su rostro. Al ver el texto escrito nos dimos cuenta de que habíamos descubierto un documento importante para resolver, de su propia mano, el dilema político de nuestro acercamiento histórico.





    Para mi fue una auténtica bofetada a mi propio escepticismo y espero que para Julián Ayala suponga lo mismo. La imagen de su rostro erguido sobre el mar, cerca de la costa, con el pelo agitado por el viento y una mirada limpia, cargada de honestidad y entereza que interroga de soslayo, da pie a un concepto romántico que, sin duda, no ha escapado al atractivo de reproducirla. Probablemente Javier concibió una valoración semejante cuando decidió escribir detrás de la fotografía unas frases que proyectaban ilusiones, compromisos e inquietudes que no nos corresponde comentar, sino simplemente dejar al lector imparcial y al desarrollo de la propia investigación, en honor a la verdad:





    Texto del a nota:



    Si ustedes supieran la

    cantidad de proyectos,

    ideas y nuevas visiones

    de “la gente” sobre Canarias

    por supuesto libre e independiente....

    Todos estamos

    ganando confianza en

    un futuro cada vez más

    cercano para Canarias.

    Hay muchas cosas

    que debemos hacer perdurar

    pues son vestigios

    únicos de otras épocas

    de la humanidad.

    Canarias, mañana,

    quizás será autogestionaria.

    ResponderEliminar
  5. Javier Fernández Quesada


    El 12 de diciembre de 1977 fue asesinado por la guardia civil, en el hall principal de la Universidad de La Laguna, el joven grancanario, de 22 años, Javier Fernández Quesada, simpatizante del Partido Comunista Canario (provisional) [PCC(p), independentista, que luego formó Pueblo Canario Unido (PCU) con el grupo de Fernando Sagaseta] y estudiante de 2º de Biológicas.

    Eran las once de la mañana. Un testigo narra los hechos: "Los antidisturbios nos disparaban con balas de goma y botes de humo, nosotros respondíamos tirando piedras. En un momento determinado un grupo atravesó un camión cisterna fuera del campus. La Policía Armada lo quitó y, a partir de aquel momento, remitieron los incidentes. La mayor parte de los estudiantes se marcharon. En ese momento, se produce la retirada de las fuerzas de la Policía Armada e hicieron su aparición un grupo de Guardias Civiles, quienes desde las calles próximas al Campus comenzaron a disparar. Cuatro o cinco de ellos entraron en el Campus, mientras seguían disparando. Se desplegaron frente al edificio principal y, sin que fueran hostigados por nadie, disparaban hacia la fachada principal y hacia uno de los laterales. No dieron aviso alguno, ni disparaban al aire, a veces apuntaban con el arma al hombro. Al principio no pensábamos que fuesen balas de verdad, pero los impactos nos convencieron de la gravedad de la situación".

    Otro testigo relata: "Vi como Javier caía tocado de muerte. Yo mismo acudía a recogerle, le introdujimos en la Universidad y le dejamos casi en la misma puerta. Un estudiante de Medicina le examinó y en aquel momento justo expiraba. Los estudiantes gritaron para que la Guardia Civil cesara de disparar y uno de ellos salió con una bandera blanca, pero los disparos continuaban y tuvo que refugiarse en una columna. Siguió agitando el pañuelo y gritando. Cesaron los disparos contra la puerta y apareció otra persona con las manos en alto, que descendió la escalinata como para parlamentar con la Guardia Civil. Varios guardias le golpearon y le pusieron contra la pared, donde ya había otro detenido con las manos en alto. Entretanto continuaban disparando contra la fachada, cuatro estudiantes sacaban a Javier. Mientras los Guardias Civiles se llevaban, otro Guardia seguía disparando en dirección a la calle de la trasera de la Normal. Por fin también se retiró este Guardia sin ser hostigado por nadie".

    Era un momento de auge de las luchas obreras y populares, apoyadas por movilizaciones estudiantiles. Transportes de Tenerife, S.L, propiedad del cacique y hombre fuerte de la UCD en Tenerife, Leoncio Oramas, estaban en huelga desde el 13 de octubre, luchando por la consecución de una empresa pública para el transporte interurbano en la isla, por garantizar el futuro laboral de todos los trabajadores y por el cumplimiento de los pactos y promesas incumplidos por los Dramas, Tabacos y Frío.

    Los 4.000 trabajadores de 15 empresas del Tabaco que había por aquel entonces, en huelga desde el día 14 de noviembre, se rebelaban contra los salarios de miseria, al tiempo que se enfrentaban a un proceso de reestructuración impuesto por el monopolio español de Tabacalera, que pretendía introducirse en el accionariado de las empresas canarias. Esta huelga acabó días después, con la imposición de un Laudo de Obligado Cumplimiento en el que se aplicó en lo salarial los nefastos Pactos de la Moncloa. Los obreros del Frío se encontraban en una larga y dura huelga que, entre otras, reivindicaban la readmisión de más de 100 compañeros despedidos.

    Además del asesinato de Javier, hubo varios heridos ese día, entre ellos Fernando Jaezurría, de 18 años de edad, estudiante de 1° de Farmacia, con una bala en un brazo. O Nicolás, de 13 años, herido de bala en un hombro mientras observaba desde su colegio los acontecimientos. O los múltiples heridos por los botes de humo y balas de goma, personas, la mayoría de ellas que eran ajenas a los hechos (algunas fueron alcanzadas en sus casas), y los numerosos detenidos y golpeados en las jornadas de luto y de lucha que se sucedieron a continuación.

    Canarias, que se encontraba en una aguda crisis social con una enorme conflictividad, fue invadida por más de 900 miembros de la Policía Armada -300 en Gran Canaria y 600 en Tenerife-, cuyo brutal comportamiento fue el de fuerzas de ocupación colonial. Esta fue la forma en que la que el Gobierno Español de Adolfo Suárez y Martín Villa como Ministro del Interior, y Mardones Sevilla como Gobernador Civil -actual diputado de Coalición Canaria-, aplastaron las movilizaciones que se sucedieron en nuestro Archipiélago.

    Aún hoy estos luctuosos hechos continúan sin esclarecerse, a pesar de contarse con la declaración de testigos presenciales. La jurisdicción ordinaria se inhibió en favor de la jurisdicción militar, que no hizo nada concluyente, y, la Comisión de las Cortes creada al efecto e integrada por la UCD, PSOE, Coalición Democrática (hoy PP) y el PCE, abrió una investigación que de nada sirvió. Muchas son las preguntas que quedan aún sin respuesta, entre ellas si fue el Gobernador Civil, Mardones Sevilla, como máximo responsable de las Fuerzas de Orden Público, el que le dio la orden a la Guardia Civil para entrar en la Universidad disparando balas de fuego real.

    Teodoro Santana, actual Secretario Nacional de UNIDAD DEL PUEBLO, recuerda las muchas reuniones que compartió con Javier Fernández Quesada en Las Palmas (1976): "Estábamos juntos en una célula de formación marxista del clandestino PCC(p). Nos reuníamos en casa de un primo suyo, Lito, en el Paseo de Madrid. Además de Javier, Lito y yo, participaban Paco Saavedra y Paco Hernández, un camarada argentino que dirigía la célula, y que hace muchos años que terminó su carrera de Ingeniería Industrial y volvió a su país. Por esa época Javier estaba haciendo la mili, por lo que tenía que andar con especial cuidado. Lo recuerdo siempre animoso y comprometido. Su muerte fue un duro golpe en lo personal, no sólo para mí, sino para toda nuestra generación. Las manifestaciones que siguieron fueron las más duras de toda la transición. Pero manteniéndonos en la misma lucha por una Canarias libre y socialista celebramos su vida y honramos su memoria".

    ResponderEliminar
  6. Javier Fernández Quesada
    De Wikipedia, la enciclopedia libre
    Saltar a navegación, búsqueda
    Javier Fernández Quesada, estudiante canario de biología de la Universidad de La Laguna, nacido en la Isla de Gran Canaria (España) en el año 1955. Murió el 12 de diciembre de 1977 a la edad de veintidós años, en las puertas del Paraninfo de La Laguna por disparos de un guardia civil durante una protesta estudiantil en apoyo de las reivindicaciones de la huelga general llevada a cabo por los sectores obreros de Transportes de Tenerife, S.L. (hoy de titularidad pública: Titsa); del sector tabacalero y del sector del frío y convocada por la Confederación Canaria de Trabajadores, la ATTyD, el FASOU, la Liga Comunista IV Internacional y el Sindicato Obrero Canario. Según Luis Mardones Sevilla, en esos momentos gobernador civil, no está demostrado que fuera un guardia civil quien efectúo el disparo.[1] [2] [3] [4]

    La figura de Javier Fernández Quesada se convirtió en un símbolo tanto del movimiento estudiantil como del movimiento obrero canario, realizándose homenajes las fechas del 1 de mayo y del 12 de diciembre.

    En 2007, y debido al veto a los Presupuestos Generales del Estado aprobado el lunes 10 de diciembre de 2007 en el Senado, la familia del estudiante Javier Fernández Quesada no podrá acceder a las indemnizaciones previstas para las víctimas de la represión después de que hayan fracasado las dos vías iniciadas por los socialistas para su inclusión en la denominada Ley de Memoria Histórica, ya que la citada ley sólo extiende sus beneficios al los fallecidos entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, lo que de entrada dejó fuera de cobertura al estudiante grancanario, cuyo caso nunca llegó a ser juzgado debido al sobreseimiento de la causa en la jurisdicción militar. Ello viene a significar que no sólo su familia no recibirá una indeminización, sino que tampoco será reconocida oficialmente como una víctima del franquismo.

    ResponderEliminar
  7. La deuda con Javier Fernández Quesada

    SI A LOS HECHOS nos circunscribimos, la hipocresía política parece acompañar en Canarias a algunas de las iniciativas que persiguen recuperar la memoria histórica para el reconocimiento y homenaje a aquellas personas que, con el alto precio de sus vidas, contribuyeron sobremanera al logro de las libertades públicas. No se trata sólo de que la mayoría de proposiciones llevadas a las instituciones y corporaciones públicas de las Islas acaben sistemáticamente bloqueadas o edulcoradas por la escasa convicción de sus ponentes, la absurda cobardía o los inconfesables sentimientos de añoranzas a la dictadura. Es, además, la constatación de que ningún grupo político del actual arco institucional canario queda eximido de la utilización miserable y sectaria de la Ley de la Memoria Histórica, importándoles poco en la práctica el resarcir la importante deuda moral que nuestra sociedad tiene contraída con las innumerables víctimas de la represión, pero especialmente con uno de sus ilustres y, hasta hoy, ignorados hijos.

    Nos referimos a Javier Fernández Quesada, el estudiante de Biológicas de la Universidad de La Laguna que en la aciaga fecha del 12 de diciembre de 1977, era alcanzado por disparos de la Guardia Civil tras una manifestación en la que los universitarios mostraban su solidaridad con la huelga general convocada en Tenerife por varios colectivos de obreros que desde semanas atrás mantenían un paro en reivindicación de mejoras laborales.

    Tras 30 años en los que el caso de Javier Fernández Quesada se ha querido condenar por los sectores gubernamentales a las tinieblas de la historia, Intersindical Canaria, no sin antes tener que superar determinados recelos políticos, promovió la presentación de una moción al pleno de la Corporación lagunera para dar el nombre del estudiante a una calle o plaza del municipio. Transcurridos cerca de dos años de la aprobación por unanimidad de la moción, el acuerdo municipal continúa sin cumplirse por la mayoría de gobierno de Coalición Canaria. Para no ser menos, posteriormente, el actual secretario general del PSOE en las Islas, López Aguilar, en diciembre del pasado año, en un acto público junto a los diputados canarios de su partido en el Parlamento español, se sumó electoralistamente al reconocimiento de Javier Fernández Quesada como símbolo canario de la lucha por las libertades, asegurando que su partido extendería al estudiante los beneficios de la Ley de la Memoria Histórica. El Sr. López Aguilar y sus correligionarios, ciñéndonos a los hechos y por el tiempo ya transcurrido, vuelven a practicar similar desmemoria que el anterior régimen, con el agravante añadido de faltar a su compromiso. Pero es que tampoco la opinión de la Universidad canaria parece influir en el afable talante del Sr. Zapatero y su Gobierno, cuando la solicitud realizada por el primer centro docente canario para que su honorable alumno sea objeto del reconocimiento como mártir de las libertades, tampoco ha merecido aún respuesta.

    Creemos contar con el privilegio que nos dan los años para, en el contexto histórico que va desde la dictadura a la actual y timorata democracia, poder analizar lacerantes discriminaciones como la que aún se impone a nuestro mártir Javier. Precisamente ahora que se reivindica la memoria histórica como sano ejercicio de recuerdo, convivencia y tolerancia, bueno es remontarnos al año 1977, cuando el primer Gobierno español salido de las urnas decretó la Ley de Amnistía que dejaba en libertad a todos los represaliados por el régimen de Franco. No sabemos si también como consecuencia de la convicción de las autoridades estatales de que Canarias no es España, los presos políticos canarios, mayoritariamente nacionalistas, sólo pudieron salir de prisión tiempo después de que lo hiciesen la totalidad de encarcelados de todas las comunidades españolas. Previamente, la asociación Solidaridad Canaria tuvo que desarrollar en la semiclandestinidad una campaña en favor de la amnistía de los presos políticos canarios.

    Continuando con similares discriminaciones, el estudiante Javier Fernández Quesada, es hoy también el único muerto por la democracia y las libertades al que se le niega la condición de tal, muy posiblemente -y ello es lo más grave- por profesar un ideario político antifascista que, añadidamente, reivindicaba la libertad de Canarias frente a la pretendida españolidad de nuestro Archipiélago.

    Incumplir su propio acuerdo plenario de reconocimiento de Javier, tal como hace la corporación lagunera, supone un fraude a la democracia y a las normas por la que se rige el consistorio. Hacer condicionar la aplicación de los beneficios de la Ley de Memoria Histórica a la obligada coincidencia ideológica de las víctimas con la de las ocasionales mayorías de gobierno del ámbito municipal o estatal supone una evidente e inadmisible prostitución de la ley y una vil utilización partidista de los principios que la inspiran.

    Por acción u omisión, tanto el PSOE como Coalición Canaria insisten en pretender ignorar una importante página de la historia de pueblo canario en la lucha por las libertades y la democracia, materializada en el ignominioso asesinato del joven universitario canario de 23 años de edad, que en un acto de infinita solidaridad, vio su vida cegada por el apoyo a las reivindicaciones de los obreros tinerfeños desde la óptica de liberación nacional de su tierra.

    Sirvan como reflexión final las palabras expresadas por la madre de Javier, doña Dolores Quesada, en el acto de homenaje celebrado el pasado 12 de diciembre en la Universidad de La Laguna, justo en el lugar donde cayó muerto su hijo: "En todos estos años, ninguna autoridad o gobierno me han dado una explicación de por qué murió Javier".

    * Delegado de Intersindical

    ResponderEliminar
  8. Javier Fernández Quesada
    SIGUE PENDIENTE la deuda que Tenerife tiene con la familia del joven estudiante grancanario de Biología Javier Fernández Quesada, fallecido a las puertas de la Universidad de La Laguna el 12 de diciembre de 1977, en plena transición de la dictadura franquista a la democracia, hace ahora 30 años. La versión oficial fue que el estudiante de 22 años se topó con una bala en medio de la confusión de una protesta universitaria, mientras otras opiniones consideran que el disparo se produjo a escasa distancia con fuego real, y que la carga policial, desmedida e inexplicable, superó el cometido disuasorio de la Guardia Civil, a la que se le ordenó intervenir con ocasión de una huelga universitaria de solidaridad con los trabajadores portuarios, del transporte, tabaco, frío, construcción y servicios, que habían convocado en Santa Cruz y La Laguna. Los choques de la Policía Armada llegada desde la Península contra los universitarios y grupos vinculados al sindicalismo habían cesado después de una mañana caliente; parecía que la calma se imponía al retirarse la Policía sobre las dos y media de la tarde, cuando de pronto unos ocho guardias civiles accedieron al interior del recinto universitario por la entrada que da a las instalaciones deportivas, disparando con fuego real, momento en que Javier intentó refugiarse en el interior del edificio, resultando abatido y falleciendo en el acto. Desde viviendas próximas a la Universidad diversas personas observaron que el cuerpo de Javier fue arrastrado por otros estudiantes hacia la puerta de la Universidad.

    No es propósito de este artículo juzgar el hecho, sino recordar y recuperar la memoria de un joven universitario que falleció en unos momentos muy convulsos de la Transición en la ciudad universitaria de La Laguna. Su muerte ocasionó una de las primeras comisiones de investigación de la democracia por parte del Congreso de los Diputados, que no arrojó conclusión significativa en el sentido de que finalmente nadie ha sido juzgado o acusado pese a los numerosos testigos presenciales de tan desgraciado hecho, inmerso en una época en que un amplio sector de la población tinerfeña empezaba a exteriorizar las ansias de libertad y otro mantenía los tics de la dictadura. Tenerife tiene pendiente un reconocimiento no sólo moral sino también económico con una familia destrozada y desconcertada, que perdió a Javier en tan penosas circunstancias. La ocasión no es otra que la Ley conocida por Memoria Histórica, que realmente se denomina "Proyecto de Ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura", que tropieza con la dificultad de que las reparaciones en ella previstas se contemplan desde el 1 de enero de 1968 hasta el seis de octubre de 1977, fecha esta última relacionada con la Ley de Amnistía, por lo que la única posibilidad es ampliar hasta el 15 de diciembre de 1977 los efectos de la ley la próxima semana en su tramitación por el Senado, una gestión muy difícil a estas alturas, cuando ya todos los grupos parlamentarios se han posicionado en sus enmiendas, o bien con ocasión del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, que comenzará a debatirse mañana en el Senado, facultar al Gobierno de España a que se amplíen dichos efectos. Aunque esto debió hacerse hace mucho tiempo, y ahora el margen es muy escaso, ojalá que por una u otra vía consigamos la reparación que todos tenemos pendiente con Javier Fernández Quesada y su familia.

    ResponderEliminar
  9. POR FAVOR MIREN DE NUEVO EL VÍDEO DEL SPANAIR , DEL ACCIDENTE QUE LES MANDÉ.

    VAMOS A VER SI ME EXPLICO BIEN .

    EL VIDEO ES DE UN AVIÓN QUE TIENE UN ACCIDENTE.

    TODOS VAN A MIRAR POR TANTO EL AVION

    DICEN QUE SE LEVANTÓ DEL SUELO.

    PERO VEMOS QUE APENAS SE LEVANTA.


    AHORA VAMOS A REPETIR EL VIDEO.

    EN LUGAR DE MIRAR EL AVION MIRA EL CRONÓMETRO QUE ESTÁ AL OTRO LADO ,ES DECIR A LA IZQUIERDA DE TU PANTALLA DE MONITOR..

    TE DARÁS CUENTA DE QUE LOS SEGUNDOS VAN A SALTAR DEL SEGUNDO 39 AL 41. NO SE VE EL NUMERO 40, ES DECIR EL SEGUNDO CON LA CIFRA DE 40, EL 39 DESAPAREC PRONTO Y EL NÚEMRO 41 EN LOS SEGUNDOS APENAS DURA MEDIO SEGUNDO..

    LUEGO LE FALTA A ESE VÍDEO ALGO MÁS DE UN SEGUNDO CASI DOS SEGUNDOS. UN TROZO DEL 39 QUE NO TERMINA Y OTRO TROZO DEL 41. JUSTO EN EL MOMENTO QUE SE ELEVA.

    MI TEORÍA:

    LE HAN QUITADO LOS SEGUNDOS EN LOS QUE SE PUEDE DETERMINAR SI LOS FUNCIONARON O NO LOS FLAGS O LOS ALERONES. SI SE HUBIERA IDO HACIA UN LADO SE HUBIERA VISTO..

    HAN DISTRIBUIDO EL VIDEO PARA DARLES VEROSIMILITUD Y SABIENDO QUE NADIE EXCEPTO YO, VA A MIRAR EL CRONÓMETRO EN LUGAR DE MIRAR AL AVIÓN.

    LO HICE PORQUE SUPUSE LO MISMO QUE TÚ QUE EL AVION SE HABÍA LEVANTADO MÁS CON RESPECTO A LA TIERRA.

    A LA COMPAÑIA AÉREA ESO DE QUE HUBIERA FALLADO EL AVIÓN LE SUPONDRÍA MILLONES DE INDEMNIZACIÓN, POR LO TANTO DISTRIBUYEN EL VIDEO DEL AVIÓN TRASTOCADO EN EL CUAL NO SE APRECIA LO DE LOS FLAGS.

    EVIDENTE .

    ResponderEliminar