¿Tan difícil resulta entender el concepto del derecho a decidir?
Independientemente de que lo reclame hoy Cataluña, el derecho a decidir es consustancial al propio significado de democracia y al que deberían tener derecho todos los pueblos del orbe, sobre todo, cuando éstos desean un futuro fiable y mejor para todos aquellos que lo componen.
¿Acaso el Gobierno de Rajoy ha prestado alguna vez oídos a las reiteradas reivindicaciones que han venido sucediéndose a lo largo de los últimos años por parte de los catalanes? ¡No! Los catalanes no han sido escuchados durante todo el tiempo en que el PP ha permanecido instalado en el poder.
El Gobierno no debería haber ignorado nunca el sentimiento general en Cataluña, incubado durante tantos años, de su no pertenencia a un estado que nunca ha intentado corregir las desigualdades económicas y financieras habidas desde siempre y que han reclamado constantemente para sí los sucesivos y distintos gobiernos de la Generalitat en beneficio de un tratamiento mucho más acorde con su contribución al estado y que en virtud del cual, los catalanes, han terminado por exigir el derecho a un mejor trato por parte del gobierno central en forma de referéndum; referéndum inconstitucional a criterio de los celosos guardianes de la Constitución española.
Me jacto de conocer bien el sentido común (seny) de los catalanes como para no haberme sorprendido en absoluto las distintas estrategias empleadas el 1º de Octubre pasado por Puigdemont y Junqueras con la intención de llevar a cabo y con éxito, -en connivencia con los propios actores y representantes de barrios y vecinos-, una histórica cita multitudinaria ante las urnas a pesar de la contundente oposición de los miles de guardias civiles y policías armados enviados desde el resto del estado y que no pudieron lograr el propósito esperado de abortar el sufragio ni tampoco socavar la voluntad explícita de los votantes.
¿Puede poner alguien en duda la manera pacífica de los catalanes de ejercer su derecho al voto?
En mi opinión, Cataluña ha sentado un precedente muy difícil de contrarrestar con la aplicación del artículo 155 de la Constitución española porque muy por encima de connotaciones de carácter económico que se deriven de la confrontación, el arraigo tradicional y sentimental al pretendido concepto de nación independiente, permanecerá siempre ligado, -no sólo como reserva espiritual del pueblo-, sino, además, como un deseo estratégicamente depositado en el acervo histórico y cultural de la pretendida soberanía de Cataluña.
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