No me encuentro en condiciones idóneas de criticar hoy lo criticable; por ejemplo: el reciente caso de Casado en relación con su Licenciatura por la URJC así como tampoco la adquisición por parte del tándem Iglesias-Montero de un chalet en Galapagar. Sin embargo he de admitir que entre uno y otro caso planea la sospecha del cohecho según las ganas que se tengan de incriminar de igual manera al vicesecretario general de comunicación del PP o al secretario general de PODEMOS.
En el primero de los casos, el del Sr. Casado y el logro de su Licenciatura, se intuyen oscuros tejemanejes entre la tolerancia relacionada con las asistencias presenciales a clase otorgada por la propia Universidad en cuestión y la consecución final de un título acariciado in extremis por el afortunado en contra de la igualdad de oportunidades requeridas para todos los estudiantes de la disciplina en cuestión.
Al tándem Iglesias-Montero no se les ha criticado ni por cohecho ni por su falta de transparencia en una operación hipotecaria mediante la cual pretenden ser dueños de un chalet en Galapagar habida cuenta del próximo nacimiento de unos gemelos cuyos padres pretenden a toda costa mantenerlos alejados de la presión mediática que supone la relevancia política de sus progenitores. Al tándem Iglesias-Montero sólo se les culpa por dejar de ser consecuentes con los postulados esgrimidos a diario contra la “casta” y terminar cediendo a las veleidades derivadas de un posible “estatus” económico envuelto en unas favorables condiciones, determinadas éstas por una hipoteca concedida por la Caja de Ingenieros a la medida de sus posibilidades económicas.
De momento, bajo el mismo nombre, Pablo, de ambos políticos sólo se esconden infundadas sospechas. Habrá que saber cuál de los dos Pablos ha cometido el peor error en relación al Código Penal vigente.
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